La mañana del 13 de julio de 1936 apareció, tirado en la acera, el cadáver del diputado de Renovación Española José Calvo Sotelo.
El 13 de julio de 1997, también de madrugada, falleció el concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco.
Ambos fueron asesinados a tiros por motivos políticos pero, aunque viví el de Miguel Ángel Blanco en primerísima persona, el asesinato de José Calvo Sotelo sigue siendo el más abominable crimen cometido en España durante el siglo XX, porque las circunstancias que lo rodearon lo convierten en lo que conocemos como un crimen de estado.
Supongo que lo que acabo de escribir resultará una exageración para algunos, pero en absoluto lo es.
La ONG colombiana MOVICE (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado) define acertadamente así en su sitio web los crímenes de estado:
“Los crímenes de Estado son aquellos delitos cometidos por los agentes estatales, o por particulares (como los grupos paramilitares) que actúan en complicidad o por tolerancia (omisión) del Estado. Algunos de estos crímenes son el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales.”
De modo que, hasta donde sabemos -y conocemos casi toda la historia- el asesinato de José Calvo Sotelo fue, sin ningún género de dudas, un crimen de Estado.
Obviamente el asesinato del diputado monárquico (no debemos, en ningún caso, considerarlo jefe de la oposición) no fue ordenada por el Presidente del Gobierno de entonces, pero, no solo es un hecho conocido que no se persiguió a los culpables, sino que, además, hoy sabemos que conocidos líderes socialistas fueron informados inmediatamente y encubrieron al jefe de la partida, el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés, y al autor de los disparos, Luis Cuenca, ambos militantes socialistas.
Uno de los argumentos que cierta izquierda utiliza para justificar el asesinato de José Calvo Sotelo es que era fascista.
José Calvo Sotelo fue ministro durante la dictadura del general Primo de Rivera que -como nos gusta decir ahora- era el legítimo Gobierno de España entonces.
Los dos últimos siglos en España se han caracterizado por una sucesión más o menos continua de gobiernos que eran legítimos para unos e ilegítimos para los otros, pero la realidad es que la dictadura del general Primo de Rivera se ajustaba a la legalidad tanto, o más, que el infausto gobierno del Frente Popular, que la abandonó pronto.
Calvo Sotelo era un político de su tiempo: un revolucionario. Sin profundizar mucho en su ideología, podría compartir con los fascistas la creencia en un Estado corporativo -que ha dejado como prueba la creación del monopolio estatal de petróleos (CAMPSA)- pero no mucho más.
El fascismo es un movimiento genuinamente italiano. El único partido fascista importante es, hasta dónde yo sé, el que apoya a Mussolini.
Hay partidos más o menos alineados con los postulados fascistas en muchos otros países de la europa de los años 20 y 30 del siglo XX, pero, al menos en lo que respecta a España, ninguno es importante.
Con el fascismo, no ocurre como con el comunismo. No hay una exitosa “Internacional Fascista” con representación en todos los países de Europa.
No hay un Partido Fascista Español o un Partido Fascista Portugués que pudieran representar una analogía con el Partido Comunista Español (PCE) o el Partido Comunista Portugués (PCP), organizaciones que, por cierto, mantienen hoy un anacrónico y desmesurado protagonismo en la política de ambos países.
El caso es que, por más que algunos quieran empeñarse en sostenerlo, José Calvo Sotelo no era fascista.
Cualquier persona sensata puede entender el significado real de esa acusación si tiene en cuenta que, para la izquierda de hoy, políticos como Cayetana Álvarez de Toledo -por poner un ejemplo- también serían fascistas o “fachas”. Es decir: es una acusación que difícilmente se sostiene más allá de que, ni entonces ni ahora, que cierta izquierda acuse a alguien de ser fascista, es motivo para descerrajar a nadie dos tiros en la nuca. Tampoco lo sería el hecho de haber militado en un partido fascista; ni entonces ni ahora, claro.
Para tratar de extrapolar los hechos de aquel 13 de julio de 1936 a nuestros días, podemos considerar que la Guardia de Asalto sería, algo así, como la Unidad de Intervención de la Policía Nacional (UIP) de hoy.
Imaginad que ayer por la tarde hubiera aparecido muerto, asesinado por unos pistoleros aún no identificados, un oficial de la policía conocido por su militancia socialista. Imaginad que, de madrugada, pocas horas después del asesinato, un furgón de la policía se presentara en casa de Santiago Abascal y un oficial de la Guardia Civil de paisano, que acompaña junto con otros paisanos a los agentes de la unidad policial, se identifica y pide al lider de Vox que los acompañe.
Una vez dentro del vehículo de la Policía Nacional, uno de los paisanos, que se ha sentado detrás del político conservador, le dispara a bocajarro. Después de asesinarlo, el furgón policial se dirige a uno de los cementerios de Madrid, tira el cadáver de Santiago Abascal en la acera y vuelve a su unidad, que es la misma unidad a la que pertenecía el oficial asesinado a tiros la tarde antes.
¿Dónde estaría aquí el crimen de Estado? Está claro que se trata de una venganza.
Esa podría ser una explicación coherente para el ucrónico asesinato de Santiago Abascal y el histórico asesinato de José Calvo Sotelo. No sabemos cómo reaccionaría el Gobierno actual si se produjera el hipotético magnicidio que acabo de describir, pero sí sabemos qué ocurrió entonces.
Los asesinos de José Calvo Sotelo no fueron perseguidos y la única medida que adoptó el Gobierno del Frente Popular fue cerrar las sedes de Renovación Españolas y detener a algunos falangistas.
Es un hecho que ni el capitán Condés ni ninguno de los miembros de la partida fueron detenidos, muriendo en combate en la Sierra de Madrid días después de comenzar la guerra.
Pocos días después del asesinato de José Calvo Sotelo, unidades del ejercito se sublevaron contra el Gobierno del Frente Popular en el Protectorado Español de Marruecos. Hay bastante acuerdo en que el golpe militar estaba ya preparado, pero, como los hechos posteriores demostraron, no contaba con los apoyos suficientes.
Una de las hipótesis más sólidas y coherentes es que el asesinato del líder de Renovación Española animó a sumarse al alzamiento a los monárquico y, sobre todo, a los carlistas, a los que el general Mola no había conseguido convencer hasta ese momento y cuya milicia (el Requeté) resultaba imprescindible para los planes de Mola.
Historiadores como Ricardo de la Cierva, sostienen que el asesinato de Calvo Sotelo es lo que decide a Franco a sumarse al alzamiento.
No podemos comparar el asesinato de José Calvo Sotelo con el de Miguel Ángel Blanco, solo hay una anecdótica coincidencia temporal.
Los asesinatos del diputado José Calvo Sotelo y del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo, son consecutivos. Relacionarlos para explicar el segundo de ellos solo es una forma de justificar el crimen de Estado. Y eso es algo que nunca voy a hacer.
A Calvo Sotelo lo habían amenazado de muerte en las Cortes varios diputados del Frente Popular.
Esas amenazas no constan en las actas del Parlamento, pero tampoco constan las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo a Pablo Iglesias sobre la militancia de su padre en el FRAP y todos las hemos escuchado. Que cada cual saque sus propias conclusiones.
Los asesinatos de los GAL también fueron crímenes de Estado. Pero esa es otra historia de la que podemos hablar en otra ocasión.
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